Un masivo operativo de seguridad se despliega en Buenos Aires ante una marcha por los derechos de los jubilados. Con más de mil efectivos policiales y fuerzas federales, el gobierno busca prevenir disturbios y garantizar la seguridad. Sin embargo, el costo del operativo y las medidas tomadas han generado críticas sobre su necesidad y efectividad. La situación recuerda incidentes pasados, como el caso de Pablo Grillo, que aún está bajo investigación. La ministra Patricia Bullrich ha solicitado a la población identificar a los violentos con recompensas monetarias, mientras que se prohíbe el uso de drones para evitar exposiciones no deseadas.